La pandemia por la Covid-19 inexorablemente produjo consecuencias en diferentes dimensiones políticas, sociales y legales, por lo que las políticas migratorias de los diferentes países de tránsito y destino no fueron la excepción. Sin embargo, como ha sucedido en los últimos años, los fundamentos y racionalidades de estas decisiones políticas obedecen en mayor medida a razones de carácter ideológico y no a aspectos científicos o, tratándose del contexto de una pandemia, a motivos de naturaleza sanitaria.

Un ejemplo ilustrativo de este tipo de decisiones políticas fundadas en ideologías, pero maquilladas en justificaciones científicas o sanitarias, son las acciones del gobierno de Estados Unidos bajo la aplicación del Título 42 que comenzaron a ejecutarse en 2020 durante la administración de Donald Trump. Este instrumento político-administrativo que, en teoría, es una medida de salud pública sobrevenida a raíz de los impactos de la Covid-19 en marzo de 2020, ha servido, de modo paralelo, para deportar de marzo a septiembre de ese año fiscal, a 197, 043 personas (Del Monte, 2021).

Más allá de la incongruencia de emplear una política sanitaria para cumplir con propósitos migratorios, se torna relevante analizar el Título 42 a la luz del Derecho Internacional y estar en condiciones de evaluar la pertinencia legal de dicho instrumento. En ese sentido, este trabajo tiene como propósitos, primeramente, a través de una reflexión teórica, identificar que el Título 42 más que una medida sanitaria por el contexto pandémico en Estados Unidos, es un eufemismo legal para legitimar la expulsión masiva de personas migrantes; en segundo término y, por conducto de un análisis de la normatividad internacional vinculante para Estados Unidos, se determinará que el Título 42 no es acorde a los principios y directrices del Derecho Internacional de los Refugiados y al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.