Los obstáculos para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas en movilidad aumentan en México, estos impedimentos son una mezcla de una situación de espera, prácticas burocráticas y desconfianza hacia la autoridad encargada del proceso. México como parte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), así como de la naciente región económica de Norteamérica está adherido a estas disposiciones en materia migratoria. Es bajo la premisa de la defensa de los derechos humanos, la cual deriva de la obligación constitucional establecida en el artículo primero de la Carta Magna desde el año 2011, que el gobierno mexicano asume el compromiso del respeto y la garantía de los derechos de los migrantes como medida para mejorar el acceso a la justicia de estas personas. Para ello, el Estado mexicano cuenta con Órganos adscritos a la Secretaría de Gobernación como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) encargados de brindar atención a personas provenientes de distintos países.

No obstante, lastrabas para el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas en movilidad no disminuyen. Muchos de estos impedimentos tienen su origen en cuestiones de tipo cultural, religioso, lingüístico, educativo, social, económico. Cuando estas se mezclan con una situación de espera, trámites burocráticos y el temor y desconfianza hacia las autoridades encargadas de la protección de las personas migrantes, propicia el distanciamiento de los solicitantes de protección de los canales institucionales diseñados para el acceso a la justicia. La inadecuada atención institucional, conduce a las personas a emplear formas distintas para la recomposición de sus proyectos de vida ya sea mediante la contratación de personas dedicadas al tráfico de personas, abogados que fungen como intermediarios ante instancias gubernamentales, o bien su adhesión a los desplazamientos masivos de personas denominados caravanas migrantes.

Esta ponencia busca dar cuenta de cómo la intersección entre una situación de espera prolongada, un sistema de atención migratoria rebasado en México, y un complejo burocrático, producen como resultado una concepción oscilante de justicia, autoridad y paciencia, que no aparta a las personas de su búsqueda por protección legal pero que a su vez tensiona la noción de ilegalidad que sobre su estancia migratoria y su actuar se han construido. Para el logro de este objetivo la estrategia metodológica consistió en contactar a personas en situación de movilidad en la ciudad fronteriza de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. La condición para su inclusión fue tener al menos tres meses de estancia en el país, haber realizado o estar realizando su trámite ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados o el Instituto Nacional de Migración, tener mayoría de edad, y contar con dependientes económicos. Una vez seleccionadas las personas se procedió a la elaboración de entrevistas en profundidad que posteriormente fueron sistematizadas para la elaboración de los resultados.