La pandemia por COVID-19 resultó ser un evento disruptivo que generó incertidumbre en todas las áreas de la vida social, demostrando la interconexión de actividades y de países. Los gobiernos de los países reaccionaron al suceso desde una perspectiva sanitaria, primero y, casi, inmediatamente, con acciones de índole económica, administrativa y política. La preocupación por la salud, tan relevante en este contexto, fue acompañada por la atención para evitar la crisis económica, asegurar la continuidad de los servicios públicos y generar las condiciones, en algún sentido adecuadas, para la población que, por las diversas disposiciones gubernamentales, se encontraba resguardada en sus hogares y aquella que se veía imposibilitada a disminuir su movilidad en el espacio público. De esta manera, la toma de decisiones se volvió crítica y urgente.

La población de los Estados con un régimen federal, además de la puesta en operación de decisiones del gobierno nacional, recibió directivas y políticas públicas –entendidas como acciones de coordinación y articulación de comportamientos de los actores a partir de decisiones gubernamentales– de las autoridades subnacionales. Este tipo de organización política, administrativa y territorial requiere de una coordinación eficaz para el logro de los objetivos planteados en las políticas. En el caso mexicano, el modelo federal puso de relieve la descoordinación entre niveles de autoridad en el contexto de la pandemia.

En este trabajo se examinan algunas de las políticas públicas implementadas por los gobiernos de los estados y de algunos municipios mexicanos en la pandemia por SARS-CoV-2. La intención de este trabajo no es ofrecer una descripción exhaustiva o detallada de cada acción pública, sino la de brindar un panorama que ilustre la forma en que las autoridades subnacionales reaccionaron a la emergencia a partir de sus capacidades institucionales.