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El 10 de noviembre de 2019, la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó, en plena efervescencia del conflicto postelectoral acaecido en Bolivia, a causa del cuestionamiento de los resultados electorales del 20 de octubre por parte de sectores contrarios a la continuidad de Evo Morales en el poder, un Informe Preliminar de su Análisis de Integridad Electoral con el cual respondía a una solicitud que éste le había extendido para que llevara adelante una auditoría de los resultados electorales a través del cual Morales pretendía destrabar el conflicto dando certeza de los mismos que hasta entonces lo favorecían. Sin embargo, en contra de lo esperado por éste, en dicho informe la OEA ratificaba pronunciamientos previos de su Misión Electoral en el sentido de que se veía imposibilitado de validar los resultados de la elección debido al hallazgo de fallas graves y manipulación en los sistemas de conteo. Con ello, los movilizados que con anterioridad habían procedido a instalar el imaginario del fraude electoral vieron legitimada su causa y recibieron el incentivo para presionar por la defenestración de Morales. Empero, considerando la dinámica del conflicto dicho informe constituía tan solo la continuación del papel que la OEA venía jugando a favor de los sectores movilizados, motivando incluso a su radicalización. Esta ponencia propone una discusión al respecto, planteando que el papel desempeñado por dicho organismo fue gravitante en la crisis postelectoral ocurrida en 2019 en Bolivia, al punto de convertirse en catalizador de las acciones de los sectores movilizados. Metodológicamente esta propuesta aborda el tema a través del análisis de eventos, una estrategia que sugiriendo la recurrencia a fuentes de segunda mano, en especial periódicos, permite describir y analizar eventos relativos que en un ciclo conflictivo ocurrirían de forma dispersa.