La intervención profesional con poblaciones vulnerables, como menores de edad, personas en situación de calle, migrantes, víctimas de violencia o personas privadas de la libertad, implica un entramado complejo de responsabilidades éticas, jurídicas e institucionales. Esta ponencia propone una reflexión crítica sobre los diversos riesgos a los que se enfrenta el personal que trabaja en contextos de alta precariedad institucional o marcos legales ambiguos.

A través de una revisión teórica con base en la pedagogía crítica, la ética profesional y los derechos humanos, se analiza cómo el ejercicio de la función social del profesionista puede entrar en tensión con normativas locales, políticas públicas restrictivas o incluso con el Código Penal. Casos como la criminalización del acompañamiento a personas migrantes, la omisión de denuncias por temor a represalias institucionales, o las acusaciones de negligencia en entornos de atención comunitaria, son ejemplos de escenarios donde la práctica profesional puede derivar en consecuencias legales graves.

El objetivo de esta ponencia es visibilizar estas problemáticas y promover una agenda de formación continua que articule la práctica profesional con el conocimiento jurídico básico y la autorreflexión ética. Se propone un enfoque pedagógico que permita dotar al profesional de herramientas teóricas y prácticas para actuar con seguridad jurídica sin comprometer la integridad de las personas atendidas. Asimismo, se discute la necesidad de marcos normativos más claros y la inclusión de protocolos institucionales de protección legal para quienes, desde el compromiso social, asumen el riesgo de trabajar en primera línea con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Este trabajo busca contribuir al diálogo interdisciplinario entre el campo jurídico, educativo y social, fomentando prácticas responsables, empáticas y legalmente informadas.