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Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, México, ha experimentado un notable desarrollo industrial debido a su ubicación geoestratégica en la frontera con Estados Unidos. Esta proximidad con El Paso, Texas, ha impulsado su crecimiento, especialmente en el sector manufacturero, dominado por las maquiladoras. A pesar de este auge, la participación de la proveeduría local en el mercado es mínima, representando solo un 1.9% del total. La falta de políticas públicas que fortalezcan a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) ha sido un obstáculo para su competitividad frente a grandes multinacionales.En este contexto, se han realizado esfuerzos para proponer una Ley de Proveeduría Nacional que pueda brindar certeza y competitividad a las PyMEs. La presente investigación analiza la formulación de una propuesta de Ley de Proveeduría Nacional en Chihuahua, basándose en el enfoque del marco de coaliciones promotoras de Sabatier, donde indica como las coaliciones de actores influyen a lo largo del tiempo y que para ello se enfatiza que el cambio político, no es solo el resultado de intereses materiales, sino también de valores y creencias profundamente arraigados (1993)   y el modelo de corrientes múltiples de John Kingdon. Donde el proceso de formulación de políticas se basa en tres corrientes independientes: la corriente de problemas, la corriente de políticas y la corriente política, donde El estudio se estructura en torno a identificar la interacción de los actores involucrados en la formulación de la ley y su impacto en el desarrollo económico local (2014)ProblemaA pesar del crecimiento industrial de Ciudad Juárez, las PyMEs locales enfrentan múltiples desafíos para integrarse en las cadenas de suministro de las grandes multinacionales. Entre los principales obstáculos se encuentran la falta de financiamiento, la ausencia de certificaciones necesarias para cumplir con los estándares internacionales, y una carencia de innovación y desarrollo tecnológico. Esta situación ha limitado gravemente su competitividad, lo que ha generado una preocupación creciente entre empresarios, políticos y otros actores relevantes.El problema central radica en la falta de políticas públicas efectivas que impulsen a las PyMEs y les brinden las herramientas necesarias para competir en igualdad de condiciones. La propuesta de una Ley de Proveeduría Nacional surge como una solución potencial para este problema, al establecer un marco normativo que favorezca la inclusión de proveedores locales en las cadenas de valor de grandes empresas.
ObjetivoEl objetivo de este estudio es identificar el impacto de las interacciones entre los diferentes actores involucrados en la formulación y propuesta de una Ley de Proveeduría en el estado de Chihuahua. Se busca analizar cómo las coaliciones promotoras influyen en la creación de políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad de las PyMEs locales. Asimismo, se pretende comprender las aportaciones de cada grupo de interés y cómo estas pueden facilitar o entorpecer la implementación de la ley.MetodologíaPara llevar a cabo esta investigación, se utilizó un enfoque cualitativo, empleando como técnica principal las entrevistas a profundidad. Se realizaron un total de ocho entrevistas a diferentes actores clave en el proceso de formulación de la ley, incluyendo representantes de la iniciativa privada, actores políticos de distintos partidos, técnicos y funcionarios del sector gubernamental.El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, seleccionando a los actores en función de su relevancia en el desarrollo de la propuesta de ley. Las entrevistas se realizaron con base en un cuestionario semiestructurado que abordó tres categorías clave, siguiendo el modelo de corrientes múltiples de Kingdon: el flujo de problemas, el flujo político y el flujo de políticas. Esta metodología permitió explorar las percepciones, creencias y expectativas de los actores involucrados respecto a la formulación de la ley.ResultadosPara el análisis de los datos recolectados, se empleó un enfoque de análisis de contenido, codificando las respuestas para identificar conceptos y patrones relevantes. Este proceso permitió desarrollar una teoría que explica cómo interactúan los actores dentro del marco legislativo propuesto y su impacto sobre el desarrollo económico local.El análisis de las entrevistas reveló que los actores involucrados en la formulación de la Ley de Proveeduría comparten la percepción de que las PyMEs locales se encuentran en una situación crítica debido a la falta de políticas públicas efectivas. Sin embargo, existen diferencias significativas en cuanto a las soluciones propuestas para abordar este problema.1. Flujo de problemas: Los entrevistados coincidieron en la necesidad urgente de reconocer la limitada participación de las PyMEs en las cadenas de suministro de las grandes empresas, así como los obstáculos que enfrentan para competir. Indicaron que, aunque este problema ha sido identificado por distintos actores, su visibilidad en la agenda política ha sido baja. La falta de indicadores y estudios que respalden la gravedad del problema ha dificultado su priorización por parte de los decisores.2. Flujo político: En cuanto al contexto político, los actores señalaron que el clima actual presenta tanto oportunidades como desafíos para la implementación de una Ley de Proveeduría. La polarización política y las disputas entre partidos han ralentizado el avance de la propuesta. No obstante, se identificaron "ventanas de oportunidad", como el creciente interés de legisladores federales, Gobierno federal, y algunos legisladores estatales, que están retomando la ley de proveeduría y sometiendo al congreso la política de pronto pago, para así fomentar el desarrollo económico local, lo que podría facilitar la adopción de la ley.
3. Flujo de políticas: En relación con las soluciones propuestas, los entrevistados destacaron que la creación de incentivos fiscales y la promoción de certificaciones para las PyMEs, la creación de la política de pronto pago, dado que  este se realiza hasta con un periodo de 90 días, siendo esto inviable para las pymes, la elaboración de contaros  y el dejar a un lado las órdenes de compra, ya que este no es válido en las financieras para los créditos a las Pymes, y no les garantiza una seguridad, todas estas menciones que se realizaron son medidas necesarias para mejorar su competitividad. Sin embargo, algunos actores mostraron escepticismo sobre la viabilidad de ciertas propuestas, señalando la necesidad de alinearlas mejor con las necesidades específicas de las PyMEs locales.ConclusionesEste estudio proporciona una visión detallada sobre el proceso de formulación de la propuesta de Ley de Proveeduría en el estado de Chihuahua, resaltando la importancia de las coaliciones promotoras y la interacción entre los diferentes actores involucrados. Se concluye que, si bien existe consenso sobre la necesidad de fortalecer a las PyMEs y promover su inclusión en las cadenas de valor, el proceso político y las dinámicas institucionales presentan retos significativos que deben ser superados.La investigación destaca la relevancia de las "ventanas de oportunidad" en el contexto político actual, que podrían permitir la convergencia de los flujos de problemas, política y políticas para que la ley sea adoptada. Asimismo, se subraya la importancia de contar con estudios e indicadores que den visibilidad al problema de la escasa participación de las PyMEs en el mercado, así como la necesidad de generar propuestas viables y alineadas con las realidades locales.Finalmente, se recomienda seguir impulsando el diálogo entre los actores involucrados y continuar evaluando las condiciones políticas y económicas que puedan favorecer la implementación de la Ley de Proveeduría. Una legislación efectiva en este sentido podría tener un impacto significativo en el desarrollo económico del estado y, en última instancia, en la competitividad de las PyMEs mexicanas.