La reforma penal de 2008 es considerada la transformación más profunda en materia de justicia en el último siglo en México. Su objetivo era ampliar y hacer más expedito el acceso a la justicia, e instauró la igualdad de armas como principio que garantiza el equilibrio efectivo entre los derechos de los imputados y de las víctimas. Para ello, se creó la figura de la asesoría jurídica con la función, similar a la de la defensoría pública, de brindar asistencia, orientación y representación legal a las víctimas durante el proceso penal para garantizar sus derechos e intereses. No obstante, hoy día, a 15 años de la implementación del “nuevo” sistema de justicia penal, la evidencia empírica sugiere que las comisiones de atención a víctimas, tanto federal como estatales, presentan las mayores condiciones de desigualdad entre las instituciones que integran el sistema, y que los asesores jurídicos son el operador con el peor desempeño. Esto se ve reflejado en una intervención pasiva por parte de la asesoría jurídica en las audiencias penales, lo cual vulnera el principio de igualdad entre las partes, y el derecho de las víctimas a recibir una debida representación legal. Este artículo propone estudiar los factores que influyen en la decisión de los asesores jurídicos de ejercer una representación legal pasiva de las víctimas en las audiencias. Para ello, se retoman principalmente dos perspectivas teóricas: 1) la racionalidad limitada que se sitúa en el campo organizacional, y 2) la teoría de la evitación de la incertidumbre como uno de los marcos más utilizados para estudiar las decisiones en los tribunales penales. Se argumenta en qué medida es posible extrapolar los postulados centrales de ambas perspectivas para el estudio del proceso de toma de decisión de los asesores jurídicos para la representación de las víctimas en audiencias penales.

Palabras clave: Sistema penal acusatorio, Víctimas, Asesoría jurídica, Toma de decisiones